En la editorial del Diario de Cuyo, publicada este lunes, que es un fallo lapidario contra las arbitrariedades y el abuso del poder, la Corte Suprema de Justicia que ordenó al gobierno de Santa Cruz la restitución inmediata de Eduardo Sosa, quien hace 14 años fue separado como Procurador General, por el entonces gobernador Néstor Kirchner.Es un caso paradigmático, tanto por la forma en que Sosa fue excluido como por la sistemática negativa oficial a aceptar la resolución. Por sexta vez, en ocho años, la el máximo Tribunal le exige ahora al gobernador Daniel Peralta que cumpla el fallo en persona, dentro de los 30 días (desde el 20 del corriente) bajo apercibimiento de iniciar una causa penal para investigar "la posible comisión de un delito de acción pública".
La Corte nunca pudo obtener una explicación oficial sobre los motivos de esa separación, lo cual reveló un modelo de gobierno autoritario que había subordinado a los tres poderes del Estado, donde Eduardo Sosa era un obstáculo por su independencia y respeto al derecho.
Ese atropello quedó en evidencia en 2001, cuando el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz reemplazó la orden de la Corte por una indemnización de 1.216.182,16 pesos, una decisión que se apartaba manifiestamente de las claras y precisas directivas de la Corte. También rechazó el argumento del Fiscal de Estado de Santa Cruz respecto a que el ex Procurador se jubiló. La Corte dijo que Sosa se jubiló "con expresa reserva del reclamo formulado de su restitución".
Para quien confía en la Justicia, la Corte da en el caso Sosa una prueba inequívoca de garantía constitucional.
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